1.171.502,71 euros son muchos millones para decirlos así de pronto. Mucho más para perdonarlos, si así fuera. Esa cifra es la que sacó a la luz el pasado pleno el Partido Popular para recriminar al equipo de Gobierno socialista, encabezado por el alcalde Rafael Quirós, el allanamiento en un juicio contra el propietario del Hotel Riad de Zahora “a sabiendas que las instalaciones fueron construidas sin licencia de obras”, como expresan en un comunicado los populares.

Afirman los populares que “con fecha 1 de julio de 2014, en base a un informe jurídico realizado por un asesor jurídico municipal y con el visto bueno de la Secretaria General del Ayuntamiento de Barbate, el socialista Rafael Quirós decretó el allanamiento de este Consistorio en el procedimiento contecioso-administrativo interpuesto por el propietario del Hotel Riad Zahora contra la Resolución del Concejal Delegado de Urbanismo, Antonio Domínguez Tocino, de fecha 9 de noviembre de 2012, por la que se resolvía imponer al recurrente multa por valor de 1.171.502,21 euros, por la construcción sin Licencia Municipal de Obras de un hotel de lujo en Zahora”.

 “En su defensa”, informan desde el PP, “el empresario alega la incompetencia manifiesta del órgano que dictó la resolución”, es decir, “que el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Barbate no era competente para dictar resoluciones de expedientes sancionadores”, utilizando un informe que realiza, por iniciativa propia, la Secretaria General del Ayuntamiento de Barbate en junio de 2013, en el que se decía que era necesaria una aclaración del decreto de junio de 2011, en el que se delegaba de forma genérica las competencias a cada uno de los concejales socialistas”.

Esta necesidad de aclarar dicho decreto ha sido utilizado por la parte contraria como único argumento para interponer el recurso contencioso-administrativo en el cual, “el Ayuntamiento barbateño ha terminado allanándose por orden del propio Alcalde”. 

Respuesta socialista

Con respecto a este tema, el pleno del presente mes de agosto, el alcalde esgrimió que este proceso viene de antes, “de 2009, 2010 2011”, cuando denunciaron en Fiscalía “que un señor está construyendo un hotel”. “Se le impone una multa de 600.000 euros, pero pide una revisión de la catalogación y se pone la multa de 1.200.000 euros”, según Quirós.

Comentaba el máximo edil que los decretos se publican en le BOP “y el abogado se ha agarrado a eso”, haciéndole un pregunta indirecta a Juan Diego Beardo, edil del PP que defendía la moción: “me gustaría saber si hubiéramos perdido el juicio” y se hubiera pagar las costas del proceso. Contó Quirós que el propietario del hotel también tiene puesto un aval para la demolición, además de las multas coercitivas.  

El presidente del PP y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Barbate, José Manuel Martínez, ha señalado que “para hacer el asunto aún más escabroso y sospechoso, resulta que ni el asesor jurídico ni la propia Secretaria General del Ayuntamiento de Barbate mencionan, y mucho menos valoran en sus informes, la existencia de un decreto de octubre de 2011, en el que el alcalde delega expresamente a cada uno de sus concejales la firma de resoluciones y de actos administrativos”, lo que demuestra que “el delegado de Urbanismo sí tenía competencia para imponer la sanción por construcción ilegal”.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, recalcó las palabras del alcalde justificando el allanamiento por consejo del asesor jurídico y destacando que van a seguir con el expediente. “No hay una alarma, ni creemos suspicacia que no la hay”, expresaba el socialista.

Una puerta abierta

“La decisión es política, pero sobre un informe jurídico”, expresando que “no se le está perdonando la deuda, porque seguramente haya que abrirle otro expediente”, porque “aún estamos en tiempo y forma para realizarlo”. No obstante, la “puerta abierta que se deja para el resto de decretos es muy preocupante”, según le espetó Beardo. “Hay que ir a juicio porque está ganado y si pasa el tiempo el demandado puede aludir que el delito ha prescrito”, sentenció el popular.

También intervino en el diálogo Miguel Molina, portavoz andalucista, quien se dirigía al regidor pidiéndole que se informara más y que “lo mismo habría que pedir una segunda opinión”, en cuanto al informe jurídico.