Será la acción política de la Junta andaluza la que nos dirá si lo es. Hay varios factores relevantes a destacar del Gobierno del PSOE e IU al frente de la Junta después de haber  superado  el año y medio.

Como elementos claves hay que destacar a la Presidenta y al Vicepresidente de la Junta.

En lo que se refiere a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, es una cara nueva, lo que es algo relevante, ya que todos teníamos en la cabeza unos cuantas “caras” que podrían suceder al ex presidente Griñán. Díaz y el presidente del Principado de Asturias, son los únicos líderes del PSOE capaces de legitimarse a ellos mismos y a su partido; gobernando.

Por su parte, Diego Valderas, Vicepresidente de la Junta de Andalucía, es el hombre “cercano”, “hecho a sí mismo”. Ante su última oportunidad como coordinador de IULV-CA logró aupar a esta formación al gobierno de la Junta con 3 Consejerías, incluida la suya. A día de hoy expiró su mandato como coordinador de esta formación. Valderas es la izquierda, o por lo menos la izquierda del PCE  de siempre, en el Gobierno andaluz.

Se ciernen sombras sobre este ejecutivo: se acusa al ejecutivo de obstaculizar la investigación llevada a cabo por la jueza Alaya en el denominado caso de los ERE. A propósito, quizá sea la trama más repugnante de corrupción producida en nuestro país. Lo que tiene su mérito, ya que otra cosa en España no habrá, pero corrupción...

En este sentido, en entre las sombras cabe mencionar la información del artículo de Silvia Moreno publicado en la web del Diario El Mundo en el que se acusa a la Junta de lo siguiente: “(…) La Junta incluye en el presupuesto una disposición adicional (…) que viene a blindar de forma definitiva a los más de 27.000 trabajadores de su administración paralela, que ya se integraron en las nuevas agencias públicas a través de la controvertida Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo”. Todos tenemos en mente lo que haría un Gobierno de otro signo político ante esta tesitura, ¿qué queréis que os diga?

Un Gobierno democrático ha de proteger a sus trabajadores, los del sector público, debe mojarse en favor de los desprotegidos, plantar cara a quién sea y al precio que sea para hacer política en favor de los más desfavorecidos. Este Gobierno y cualquiera que pretende representar a la mayoría, la que debe ser su mayor característica, tiene que poner en valor el interés de los más asolados por esta crisis. (Es imposible no citar la maldita crisis). Un gobierno también tiene que ser honrado, tiene que acabar y desterrar la corrupción y a los corruptos. Debería ser algo obvio pero, si nos fijamos en los últimos casos de presunta corrupción de diferentes épocas  en diferentes autonomías y en partidos políticos de todo color (también en UGT y C.C.O.O.), no debe ser tan evidente.

Ya lo sé. Es muy fácil decir cómo tiene que ser un gobierno; que debería hacer, cómo y también cuándo debería hacerlo, más complicado es hacerlo.

Dice el refrán que el tiempo da y quita razones. En su momento sabremos si son la alternativa. Aunque, Diego Cañamero del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) acusaba a Izquierda Unida de que “con su entrada en el gobierno legalizaba la corrupción y lavaba la cara a la socialdemocracia capitalista". ¿Esta es la alternativa?